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Tuesday
Aug092016

El "NO MAS" de Stiglitz y de Pieth

 

A raíz del caso Mossack-Fonseca (conocido internacionalmente como Panama Papers) y la posibilidad de que sus consecuencias debilitaran el centro financiero internacional que Panamá ha manejado con éxito desde hace décadas, el gobierno panameño estableció, a través de un decreto, un panel especial de asesores que investigase y recomendase medidas para evitar casos como este. Parte del propósito de este panel de expertos fue contrarrestar la mala publicidad generada por el pasado escándalo internacional.
La reciente renuncia de dos prominentes miembros del panel, sin embargo, parece sugerir que la medida se puede convertir en un bumerán que crea aún más dudas sobre la sinceridad del gobierno nacional (y del país) en cuanto a su voluntad para enfrentar y detener el problema del "lavado de dinero" en Panamá, una de las principales acusaciones surgidas a raíz del caso mencionado. La renuncia de estos dos expertos internacionales a continuar como parte de la comisión, designada para estudiar acciones que ayudaran a disipar la mala imagen, ahora lo que hace es contribuir a la confirmación del argumento que se buscaba refutar.
Como suele ocurrir en estos casos, tanto los medios de comunicación masiva como las redes sociales, han desatado una descarga de opiniones, algunas serias, otras sustentadas de manera irresponsable por el bochinche y la especulación, o simplemente definidas por las posiciones políticas y los intereses económicos egoístas.
Debemos considerar, y por eso escribo, todas las posibilidades que expliquen lo ocurrido, para no caer en las redes de la desinformación. Como quiera que se examine el tema, aún considerando que ninguna de las tesis esgrimidas ha sido probada categóricamente, y por más controvertible que resulte, la percepción generalizada es más o menos la siguiente: Panama ha sido, y continua siendo un centro de lavado de dinero.
  
Joseph Stiglitz, Nobel en Economía, y Marc Pieth, investigador anti-corrupción, son personas de reconocido perfil internacional. Su designación dentro de la comisión causó una grata impresión, pues su participación ofrecía una imagen de seriedad y capacidad incuestionables, elementos indispensables para dar a la investigación el necesario carácter objetivo y confiable. El resto del panel lo conforman un costarricense y ciudadanos panameños expertos en temas financieros.
Hasta ahora, el Sr. Stiglitz nI afirma ni sugiere que la investigación haya sido objetada, interrumpida o impedida por el gobierno de Panamá. Lo que surge de sus declaraciones es el disgusto de ambos, Stiglitz y Pieth, por la aparente negativa del gobierno panameño de hacer público, en su totalidad, el resultado de la investigación de manera inmediata. 
Esto nos coloca en dos escenarios distintos, que no deben ser confundidos. 
Las renuncias no se producen para denunciar una investigación amañada. Ocurren, como lo ha expuesto el propio Stiglitz, por su molestia ante la decisión del Organo Ejecutivo de Panamá, de no hacer publica la totalidad del resultado de la investigación. Pero la impresión que se produce es otra. Por eso es necesario establecer una clara diferencia entre el hecho y la percepción. Por un lado ayudaría mucho conocer, de la boca de ellos mismos, cual parte del resultado de la investigación ha sido excluido de publicación y cuales de esas secciones, según ellos censuradas, específicamente los condujo a renunciar.  Deben aclarar ademas, por qué las explicaciones que les ofreció el gobierno panameño para justificar el hecho de la no publicación total de los resultados de la investigación no fueron de su satisfacción. Creen ahora que el resto de sus compañeros en la comisión son corruptos? O que se prestaron a una comedia que apoya un propósito político deshonesto? 
Sin responder estas interrogantes, las renuncias de Stiglitz y Pieth semejan una rabieta de niño, o el producto de egos y sentimientos de superioridad moral, contingencias que no corresponden a las expectativas creadas por el nivel profesional y el renombre internacional que los distingue. 
Como están al momento las cosas, nos parece fuera de lugar que dos miembros de la comisión se quieran arrogar el derecho de decidir y ordenar a un gobierno la manera en que se debe informar los resultados de una investigación que, aparentemente, ni siquiera ha concluido. Ni siquiera los periodistas que recibieron los 11 millones de papeles relacionados al "affaire" Mossack-Fonseca han hecho pública la totalidad de los documentos "hackeados". En este caso nos parece que es al gobierno de Panamá al que le corresponde, una vez consideradas las consecuencias legales internacionales, políticas y económicas, decidir cuándo y de qué forma se ha de informar al mundo el resultado de su iniciativa y no a los señores Stiglitz y Pieth, no importa cuán prestigiosas sean sus reputaciones, ni cuán importantes se consideren ellos mismos.
 
En todo caso, su decisión de dimitir, sus declaraciones a la prensa internacional y la manera escandalosa, sesgada o confusa de los reportes, contribuyen a reforzar la certeza del mundo acerca de la deshonestidad oficial en Panamá. Por el otro lado, también surgen al otro extremo de la especulación racional, ideas alucinantes que transforman a estos señores en “caballos de Troya”, introducidos con la intención de terminar de desacreditar a Panamá para favorecer los intereses que procuran beneficiarse de la caída de su Centro Financiero Internacional.
Las declaraciones del miembro costarricense del panel, el señor Roberto Artavia, lo muestran "sorprendido" por las renuncias. Expresó que los términos originales del decreto, al parecer, no resultaron lo suficientemente amplios para Stiglitz y Pieth y que al no accederse a lo que ellos unilateralmente consideran correcto, optaron por renunciar. El señor Artavia parece sugerir que existía de antemano un marco referencial para la investigación, que determinaba específicamente el objetivo y el alcance de la misma. De ser así, ¿por qué inicialmente acordaron Stiglitz y Pieth participar en la comisión? ¿Por qué no expresaron su desacuerdo con los términos del decreto desde un principio?
El panameño Alberto Aleman Zubieta, ex-Administrador del Canal de Panamá y miembro del mismo equipo investigador nombrado por el Ejecutivo, opinó que los que renunciaron esperaban una investigación cuyo resultado y alcance fuese más amplio, "aplicable al mundo entero, no solo a Panamá” y que eso no era lo definido como el propósito original de Panamá, ni de la convocatoria del panel investigador, apoyando de esta forma la base del comentario formulado por el Costarricense Artavia.
Ante el circo de 4 pistas en que se ha convertido el asunto, ¿qué papel debe asumir el gobierno panameño? ¿Publicar los términos de referencia originales, con una explicación oficial de sus objetivos? ¿Convocar una rueda de prensa en donde todos los participantes en la Comisión aclaren sus interpretaciones? 
Las autoridades panameñas deben entender que la transparencia en la respuesta a esta nueva crisis es fundamental. Sin una explicación publica sobre lo ocurrido, razonada y razonable, la especulación continuará afectando la imagen de nuestro país y la del actual gobierno. Desmentir simplemente, o desentenderse del problema, a la espera de un nuevo escándalo que ocupe los encabezados y lo desplace, no resultan  opciones inteligentes. A nivel nacional e internacional, probablemente han quedado las siguientes percepciones:
1. El Ejecutivo panameño convocó a un panel de notables, pero sin la real voluntad de investigar hasta las últimas consecuencias el problema del lavado de dinero en Panamá;
2. Los señores Stiglitz y Pieth aceptaron participar del panel con la intención de luego desacreditar la iniciativa del gobierno panameño y favorecer así los intereses de terceros desprestigiando a nuestro país ante el mundo;
3. Los señores Stiglitz y Pieth ofrecieron una versión del "No Más" y se largaron de la comisión, producto de una rabieta cuando se les indicó que los resultados no producirían los efectos que sus egos consideraban vitales; 
4. La investigación se realiza de manera profesional y el resultado se hará público cuando el gobierno panameño lo decida, de la manera y según lo definido por el decreto que constituyó la comisión.
Espero que el gobierno panameño reaccione de manera sensata e inmediata, y con trasparencia aclare, ante nuestra nación y ante el mundo, los motivos planteados por los señores Stiglitz y  Pieth para justificar sus renuncias ante la comisión creada por el Ejecutivo, a raíz del "Affaire" "Mossack-Fonseca:.    
 
Cierro mi escrito con un comentario aparte, que considero también necesario.
Para enfrentar con éxito los efectos de la corrupción internacional, que incluye actividades como el "lavado de dinero", una de las primeras consideraciones para cada gobierno será encontrar maneras licitas y éticas para sustituir los ingresos que producen dichas actividades, y que contribuyen al sostenimiento de las economías del mundo. El "lavado" no es exclusivamente una actividad ilegal bancaria, ni ocurre solo en el sector público.
El sector privado, como parte de sus innumerables actos mercantiles, ha saneado y sanea el resultado de diversas actividades ilícitas internacionalmente, que incluyen la evasión de impuestos y los efectos del trafico de narcóticos. Argumentar que tales actos no cuentan con la aprobación oficial, civil o canónica, en nada oscurece el hecho de que estas actividades comerciales, efectuadas de manera clandestina, directamente contribuyen al PIB nacional y a la solución a corto y mediano plazo de urgentes necesidades para las economías del mundo y para todos los sectores que componen a la sociedad actual.
  
El saneamiento de la finanza nacional, dirigido a eliminar los métodos y oportunidades que la codicia y la corrupción crean para satisfacer sus propósitos, debe ser una tarea de toda la sociedad en su conjunto, no solo de los gobiernos o de las empresas privadas. Es iluso el pretender acabar con las consecuencias del envilecimiento de la ley y de la justicia cuando la deshonestidad forma parte de lo cotidiano, en el trato social y en el ámbito de los negocios.
Hemos deformado el ideal original y creado una sociedad en donde obedecer las reglas y las leyes parece un asunto de perdedores, o de idiotas. Hemos contribuido, por acción u omisión, a crear repúblicas falsas, donde la venalidad judicial y la impunidad que esta produce, se ven complementadas por nuestras actitudes y acciones anti-cívicas, que a su vez sostienen administraciones corruptas, alimentadas y sostenidas por nuestro cinismo. 
El problema, a fin de cuentas, es de todos y la solución dependerá del individuo y de su acción social.  
Ninguna comisión, por excelsa que sea, podrá unilateralmente resolver el problema de nuestra descomposición.
Asumir que la corrupción puede funcionar sujeta a limites, o a consideraciones éticas o espirituales. resultará  tan absurdo como el afirmar que pueda existir algo como una culebra vegetariana.
A mi entender, el asunto es simple. No te compran si no te vendes. Punto.

Rubén Blades | 8 de Agosto, 2016

 

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