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Apuntes desde la Esquina, 19 de mayo, 2018

Hola, mis amigos en las redes:
Algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes. Voy a concentrarme en lo que está ocurriendo actualmente en Panamá, de esos exabruptos políticos que ya vemos todos los días.

El Contralor General de la República, Federico Humbert, ha interpuesto una demanda contra Yanibel Ábrego, diputada por el partido Cambio Democrático y actualmente Presidenta de la Asamblea Nacional, órgano del Estado que es considerada por buena parte de la ciudadanía, como una de las instituciones más corruptas e inoperantes de nuestra desgastada, inadecuada e ineficiente estructura administrativa. Ese desprestigio ha sido producto de la acción de muchos de los propios diputados, por su codicia cada vez más evidente y descarada, su abierta práctica del clientelismo político y la mediocridad de sus planteamientos y acciones. 

Pero la reciente denuncia de la Contraloría, motivada por la negativa de la diputada presidenta de la Asamblea, Ábrego, a cooperar con la solicitud del Contralor Humbert para auditar la planilla 080 y determinar claramente las identidades, ocupaciones y los montos pagados al "personal de apoyo" de cada diputado (30 puestos para nombramientos por cada uno de los 71 diputados, de "a dedo" y sin determinar para qué), parece representar la proverbial paja que rompe el lomo del camello, la coda del "cotidie murimur" descrito por Séneca.
La notificación de auditorías de la Contraloría, que a mi entender no dependen del ser “anunciadas”, ni requieren del consentimiento o negociación con la parte a ser auditada, (¿si no, qué sentido tiene ordenarlas?), ha provocado reacciones contrarias en el Órgano Legislativo, y para tratar de impedirla, su presidenta aduce que todo el asunto es una trama para imponer el control del Ejecutivo sobre la Asamblea Nacional. El Contralor ha tenido que demandar ante la justicia a ese Organo, para obligarlo a cooperar con su investigación.

¿Qué va a ocurrir ahora? En un país en donde demasiada gente que ha sido acusada de haber recibido dineros mal habidos, que aparece en un video recibiendo pagos indebidos, o admitiendo públicamente su venalidad, o disfrutan de "casa o país por carcel" mientras  permanecen sin enfrentar juicio y esperando prescripciones, todo nos sugiere que el presente conflicto no será resuelto en favor de la ciudadanía, la ley y la democracia. Sin embargo, otras consideraciones políticas y económicas dibujan un escenario más complicado que tal vez evite la repetición del usual limbo donde se archivan estas luchas "internecine".  

1. Las elecciones del 2019:

A menos de un año de las elecciones, pocos en Panamá dudan de que el hoy Presidente Juan Carlos Varela va a ser seguramente demandado por corrupción, tan pronto expire su periodo presidencial. No afirmo que existen pruebas que lo justifiquen. Solo estoy convencido de que, igual que ocurrió con el pasado ex-presidente Martinelli, el actual mandatario puede esperar una repetición fiel de tal experiencia, de parte de sus rivales políticos y civiles. Lo van a acusar de lo que hizo y no hizo, de lo que supo y no supo. De esto se desprende que una de sus preocupaciones puede ser evitar persecuciones judiciales futuras. Por eso, su reciente sugerencia de convocar a una asamblea constituyente ha despertado todo tipo de reacciones, la mayoría de ellas negativas. Si esa fue una de sus iniciales promesas de campaña incumplidas, ¿por qué plantearla casi al final de su mandato? Se especula que al hacerlo crea la oportunidad para el tipo de negociación política que lo pueda ayudar a evitar una experiencia como la de su antecesor. A través de una constituyente, teóricamente le seria posible, en conjunto con los otros políticos en igual condiciones de peligro judicial, acordar con el Legislativo y con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia la creación de un articulado constitucional que les permita evitar a todos, (el hoy presidente Varela, los diputados del legislativo y los magistrados de la corte), las consecuencias legales que podrían afectarlos una vez terminados sus términos. Evitar juicios para el presidente, para los diputados y para los magistrados. En otras palabras, una "Cloroxtitución" que apadrine la posible limpieza de todas las trampas intentadas y/o cometidas, ayer y hoy, con perdones oficiales que seguramente tendrían que incluir al actual huésped de una incómoda celda en Florida. Para el sector privado, cuyo apoyo también se necesitaría, se evitarían reformas que perjudiquen sus intereses y así se conservaría el sistema del que han pelechado, unos y otros, durante 100 años. ¿Cuál otra puede ser la razón para sugerir a estas alturas a una Constituyente? No creo que tan importante iniciativa, cuya convocatoria y aprobación depende justamente de gente cuyas acciones pasadas los hacen ser percibidos como corruptos, vaya a producir algo positivo para nuestro país. 

Es tan absurdo como esperar que el cáncer acceda atender a una convocatoria para participar y cooperar en un esfuerzo cuyo propósito final es el eliminarlo para siempre. O que los ratones se reúnan para contribuir con ideas y apoyar con su voto a los que buscamos definir cuáles son las maneras que funcionan mejor para capturarlos.

2. No se puede ya hablar de corrupción; es más bien un estado criminal institucionalizado:

Para que se produzca la aparición de la corrupción se requiere primero un cuerpo sano, una superficie impoluta, una fruta no podrida. Por eso, en nuestro país ya no podemos hablar de corrupción propiamente. Prácticamente todo está podrido institucionalmente: el sistema creado por los políticos desde décadas atrás se ha convertido en un natural hábitat para la trampa. El sistema se ha desnaturalizado al punto de la metástasis y ya no podemos hablar de un sistema legal imparcial y a todos aplicable, como es la verdadera justicia. Independientemente de todo el saqueo ocurrido a lo largo de nuestra historia política, la época desde el 2009 al presente es la más grande, descarada y públicamente evidente exhibición de codicia, mediocridad, rapacidad y egoísmo políticos jamás vista, escuchada o imaginada en nuestra República. Si antes sospechábamos, ahora constatamos. Si antes asumíamos, hoy comprobamos. Y la desfachatez de los servidores públicos venales se ve protegida por el actual sistema legal, que permite y protege la ambigüedad en la interpretación de una normativa creada por la misma clase de funcionario venal que se aprovecha de ellas. ¿Por qué existen "partidas circuitales"? ¿Por qué existe la planilla 080? ¿Dónde en la Constitución se indica que un diputado tiene que recibir presupuestos públicos para regalar cosas? ¿Quien decidió legalmente que una parte de la función del legislativo es convertirse en un fondo social, para distribuir prebendas a sus electores? Pues los propios diputados/legisladores, con el apoyo directo del Ejecutivo, de los partidos políticos y de sus clientes. ¿Por qué se ha patrocinado, tolerado y apoyado semejante práctica, desde el Ministerio de Economía, hasta la Contraloría de la República? Simplemente porque el sistema administrativo, controlado por el poder partidista de turno, así lo ha determinado en perjuicio de la ciudadanía y del desarrollo nacional. Para poder lograrlo, la criminalidad institucionalizada, disfrazada de servicio público, ha recibido el apoyo constante de una población que, por acción u omisión, decide vender su alma e ignorar su responsabilidad cívica a cambio de la venenosa oferta del politiquero, la inmediatez de las migajas a cambio del futuro, cada elección. Por eso, el tema de la criminalidad anti-cívica no se limita al funcionario electo que traiciona su deber: al que lo eligió a cambio de soborno también le corresponde parte de la culpa. Igual que todo el que no denuncio públicamente antes, durante y después al ciudadano o funcionario publico deshonesto.

3. No estamos dispuestos aceptar las consecuencias económicas de la honestidad: 
En nuestra sociedad, muchos consideran que es un pendejo aquel que pudiendo robar sin que lo capturen decide no hacerlo. Una de las constantes quejas que escuchamos en Panamá de parte de la población es que "en la calle hoy no hay tanta plata como cuando estaba Martinelli", sin considerar si esa "plata en la calle" tenia un origen sucio, o era parte de las dádivas para poder robar. Tampoco nos parece interesar que en el país ocurran “milagros” no explicados, como la sobre-oferta de edificios, centros comerciales, casinos y viviendas de lujo. Cuando en el mundo ocurría la peor crisis inmobiliaria internacional, hecho que produjo el desplome de economías a nivel mundial, en Panamá se podían contar decenas de grúas sobre edificios construyendo... ¡más edificios! Esta obvia contradicción no molestó al país. La gente trabajaba, los negocios prosperaban, todo "volaba" y había dinero "en la calle”. Nadie se preguntó si eso era con dinero de turbia procedencia. Quizás por eso Martinelli todavía es popular y marca en encuestas en algunas esferas de la sociedad, aunque esté preso.

 4. La situación del país, hoy, es potencialmente catastrófica:

La mediocridad y venalidad político-administrativa se han extendido y ahora amenazan incluso a la integridad de la administración y operación del Canal. Cuidado con esto, porque es una situación que podría ser aprovechada y utilizada por los intereses del norte por recuperar esa vía, más aún ahora que produce billones de dólares en entradas. A los ilusos que creen que no podría producirse una nueva intervención por parte de Estados Unidos, baste recordarles que el presente Tratado taxativamente autoriza a Estados Unidos para ingresar unilateralmente al país para así garantizar la “libre y eficiente” operación del Canal. Las "evidencias de corrupción" que serían usadas para explicar por qué intervenir en Panamá están por todas partes. Al impacto de los internacionalmente mal llamados "Panama Papers” y al ex-presidente preso en Florida agreguemos las acusaciones de corrupción contra docenas de ex-funcionarios y empresarios locales y la ausencia de confianza en los procesos legales, como ha sido manifestada con o sin razón, (caso del Trump Ocean Club Hotel), y la reciente derogación del contrato portuario entre la AMP y la empresa PSA Panama International Terminal, hecho que paso "desapercibido" para los diputados que precisamente votaron para eliminarlo. Estos eventos, unidos a las acusaciones de paraíso fiscal hechas por Europa, crean la impresión a nivel internacional de un país podrido hasta la médula. 
Nuestra imagen internacional es pésima y la envidia y resentimiento de otras naciones contra nuestras posibilidades y ventajas es considerable. La negativa del Órgano Legislativo nacional de ser auditado por un organismo interno, la Contraloría de la República, no contribuye a mejorarla, ni a crear confianza en Panamá como un país de leyes; más bien subraya el nivel de la descomposición administrativa interna y sugiere un estado sin apego al Derecho y por lo tanto, inseguro.

La presente situación, la de criminalidad oficial, podría estar aproximándose a un punto de implosión. Si la Asamblea sigue rehusándose a permitir que el Contralor haga su trabajo, éste puede suspender los desembolsos. Pero eso no resuelve el problema de fondo. ¿Cuál será la reacción de la Corte Suprema de Justicia frente a la postura del Legislativo? A la gente en Panamá, al ciudadano corriente, parece no importarle lo que está ocurriendo, quizás acostumbrado a que tales asuntos no provocan mayores consecuencias para sus intereses. Pero hoy la situación es diferente, las condiciones son otras y el efecto negativo para el país, por la acumulación de porquería política, no tiene precedentes. Cual es la razón para la ausencia de visibles manifestaciones de repudio a la acción y conducta del aparato político nacional?

La última marcha popular se efectuó en protesta por la posibilidad del matrimonio "gay". Tienen que ser "gay" los legisladores y servidores públicos corruptos para motivar a que salgamos a reclamar el que nos malversen o hurten nuestros impuestos, destruyan el seguro social, la posibilidad de la educación, nuestro sistema de salud, y el futuro mismo del país?

Recientemente, un popular comentarista indicaba en su programa que no era nada nuevo lo de la aprobación del MEF y de la propia Contraloría de estas partidas circuitales y la de la Planilla 080. Que esa había sido la práctica por décadas. Es verdad. Pero eso no implica que dentro de las funciones del Contralor no se encuentre definida su capacidad de exigir cuentas a instituciones públicas por el uso de fondos públicos. Por absurdo e inaceptable que nos parezca, la Ley creo esas partidas y ordena al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Contraloría y el Poder Ejecutivo a que acepten su existencia y obliga a que sean desembolsadas. Pero la misma ley también faculta al Contralor a exigir que se explique y compruebe, con los datos necesarios, quienes se ven favorecidos, por que razón, y el como se están utilizando esos dineros públicos, producto de los impuestos que pagamos todos, y que forman parte del Tesoro Nacional. 

Si prevalece la posición de la Asamblea de no acatar la orden del Contralor, la pública descomposición e inoperancia de nuestro sistema legal y administrativo favorece la repetición de instancias históricas en las que tal situación de inseguridad jurídica produjo insurrecciones populares contra el estado de cosas. La desfachatez politiquera hace cada vez menos absurda tal posibilidad para nuestro país, por indeseable que nos parezca. ¿Será esa la única real alternativa para crear una Constitución realmente en favor de la ciudadanía, que actúe y sirva para sanear la criminalidad institucionalizada, la que hoy otorga impunidad, protección y patrocinio a los mediocres y sinvergüenzas que desde el aparato político presente, apoyado por elementos del sector privado, nutren sus ambiciones y deseos a expensas de nuestra posibilidad personal y futuro nacional?

Al parecer de este observador, los partidos políticos, sus empleados, clientes y patrocinadores están arrastrando al país a un enfrentamiento institucional, lo que abre la posibilidad a trágicas e impredecibles consecuencias. Esto no es normal. Esto es serio.

Amanecerá y veremos.


Rubén Blades | 19 de mayo, 2018

 

 

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