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Jun112018

LA SITUACIÓN EN PANAMÁ 

A la olla de mierda de la politiquería criolla se le acaba de agregar otra porción. ¿Será este el aporte final que demuestre hasta qué grado la corrupción y la podredumbre afectan a los órganos sobre los cuales descansa nuestra ficción democrática?
Cada día nos acercamos más al abismo y pocos parecen entender la gravedad del estado actual de cosas. Un apreciado comentarista de televisión recientemente advirtió al país sobre el peligro de considerar soluciones que atenten contra el "orden institucional". En Panamá ese concepto ha sido reemplazado por una estructura legalmente diseñada para evadir e impedir la justicia y ayudar a los que pelechan y destruyen las instituciones públicas. ¿Cómo salvar a la democracia y a sus instituciones dependiendo de un sistema legal-administrativo estructurado con alevosía, con imperfecciones "ex-profeso", creadoras de "lagunas legales" que promueven interpretaciones tramposas, con normas desprovistas de la fuerza necesaria, vagas en su definición y concepto, carentes de poder vinculante y aplicadas con la amplitud y el espacio necesarios para defender y garantizar la exégesis fraudulenta, el éxito de la impunidad y la continuidad de la trampa?

La "prueba idónea" tipifica, la impotencia ciudadana ante un sistema legal que permite la denuncia contra la acción dolosa de un funcionario público pero simultáneamente impone un requisito que por su dificultad, por no decir imposibilidad para el querellante de producir normalmente, impide que la acusación contra un diputado prospere. Hoy, tanto las normas que conforman el orden institucional que el distinguido comentarista advierte deben ser acatadas, como los principios constitucionalistas que deben ser convertidos en legislación por la Asamblea Nacional, se ven determinados por la corrupción, la de los únicos facultados para crear las leyes y la de los únicos autorizados para su aplicación. ¿Confía el pueblo de Panamá en el Órgano Legislativo? ¿en el Judicial?  ¿en el Ejecutivo? ¿alguien duda todavía de que en Panamá la ley favorece al adinerado, al político con conexiones y al tramposo? ¿alguien cree que el proceso y estructura legal existentes ofrecen una real oportunidad de sanear al país? ¿cree alguien que el cáncer cooperaría con los doctores para producir su eliminación?

En Panamá, el concepto de "orden institucional" nos sirve para creer que vivimos bajo democracia y proyectar una imagen interna y externa de estabilidad, gobernabilidad y de seguridad jurídica, aunque su realidad resulte tan artificial como la del maquillaje aplicado a un difunto. Desde hace tiempo estamos velando el cadáver de la democracia panameña. Lo dicen el 60% de personas que languidecen en las cárceles del país sin juicio; lo demuestran los acusados de corrupción que son favorecidos por una constante mora judicial, o que interponen recurso tras recurso para alargar plazos que produzcan la prescripción que burle a la justicia y los libere de su alegada irresponsabilidad; lo dicen las investigaciones selectivas que no imputan a los amigos y socios del gobierno de turno, o las investigaciones inconclusas, o nunca comenzadas, o que no indagan, por ejemplo, cuanto pagó Odebrecht en coimas para obtener la concesión por la construcción del Metro 1 y 2, o de las Cintas Costeras 1; 2 y 3. Lo indica la ausencia de consecuencias para casos escandalosamente turbios, el del ex-alcalde en el video, el del Financial Pacific, o la ausencia de preguntas sobre la procedencia del dinero para construir decenas de edificios en Panamá en el medio de una crisis económica internacional provocada, paradójicamente, por el aparatoso colapso de la industria sector inmueble. ¿Cómo hablar de "orden institucional" en un país donde el Órgano Legislativo rehúsa ser auditado por el Contralor de la República y lo demanda por eso ante la Corte Suprema de Justicia?

Uno de los peores daños a la democracia y a los derechos inalienables del ser humano es la falta total de justicia, el único recurso, la única oportunidad de equipararnos, en igualdad de condiciones, frente a los poderosos. ¿Quiénes de seguro terminan en prisión en Panamá? Sólo la gente del pueblo, esos que jamás serán penados con "barrio por cárcel”, esos a los que nunca se les permite declararse enfermos, o alojarse por meses enteros en hospitales caros por dolencias nunca identificadas claramente, el sector popular que sí tiene que pagar cada hora de "cana" completa, a veces sin siquiera haber sido juzgados en derecho. Todo esto es realidad y sin embargo, ¿cuál es la reacción del país? 0 marchas, 0 protestas, 0 bolero.

Hoy, nos encontramos distraídos por la llegada de un extraditado ex-presidente, por un campeonato mundial de fútbol, con los preparativos para el arribo de cientos de miles de personas convocadas para satisfacer caprichos taquilleros y a diez meses de una campaña electoral que comenzara entre Carnavales y la Semana Santa, con el primer debate presidencial pautado para el Miércoles de Ceniza. Todo en medio del cuarto juicio administrativo-judicial más grande en la historia del país, (después de los de Arnulfo, el vice-presidente Guizado y Robles). ¿Quién cree que en el 2019, con este marco de distracciones y de corrupciones no castigadas, un proceso electoral producirá una solución que nos devolverá la confianza en el sistema? ¿Quién cree que los partidos políticos y su aparato electoral permitirán el triunfo de un candidato independiente? ¿Quién puede creer, bajo las realidades descritas en este artículo, que el resultado del próximo proceso electoral creará un mejor país? Digo, si no posponen las elecciones.

NO TE CALLES. PARA CREAR UN VERDADERO ORDEN INSTITUCIONAL NECESITAMOS UNA CONSTITUCION QUE SUSTENTE A UN NUEVO PARADIGMA DE ADMINISTRACION PUBLICA. 

Rubén Blades | 11 de junio, 2018

 

 

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