Elecciones Panamá, 2014

Empiezo por decirles que este 4 de Mayo no estaremos en Panamá, ni quienes conforman la banda musical que me acompaña, ni yo, y por lo tanto no podremos ejercer el deber y derecho del voto. Estamos en una gira de trabajo en Neuquén, Argentina, y un cambio en la fecha original, sumado a la distancia entre ese lugar y Buenos Aires, nos impedirá abordar un vuelo a Panamá que nos permita arribar antes del cierre de las urnas. El sistema establecido por nuestra legislación para permitir que los panameños fuera del país podamos votar, todavía no ofrece la flexibilidad suficiente, o propicia, para realizarlo fácilmente. Nos informan que debimos habernos registrado en el mes de septiembre del 2013, yo en el Consulado de New York, para lo cual habría tenido que poseer el don de adivinación del futuro, ya que en esa fecha aún no sabíamos que estaríamos viajando, o que la fecha original de trabajo, el 2 de Mayo, seria cambiada por una cancelación de una fecha en Uruguay. Tampoco podremos votar desde acá, en nuestra sede diplomática en Buenos Aires, por esos anacronismos burrocráticos que dificultan el lógico desempeño de un servicio oficial. Nos sobran las ganas, pero desafortunadamente, las oportunidades no. 

A raíz de este hecho, consideré no emitir opinión alguna en lo referente a la próxima elección. 

Para que convertirme en el blanco de las voces alquiladas para insultar y manifestar desprecio hacia toda opinión que no favorece a determinados intereses politiqueros?; o recibir a cambio reacciones emocionales, que descalifican a la razón y a los argumentos objetivos y convierten un argumento, ofrecido de buena fe, en piñata? Sin embargo, la actual coyuntura electoral me obliga, por un asunto de principios, a dejar constancia de mi posición en torno a temas que considero críticos para el futuro de nuestras instituciones públicas y el proceso democrático panameño. Formo parte de una generación de panameños, muchos de nosotros provenientes del sector popular, que defendemos y aceptamos la responsabilidad histórica de contribuir, en la medida de lo posible, a crear una sociedad más humana, más justa e inclusiva, más solidaria, más llena de espíritu cívico. Esa responsabilidad implica mejorar lo que heredamos de nuestros padres y abuelos: esa es una responsabilidad ineludible de la especie humana. Contribuir a cumplir con esa deuda debe superar cualquier otra consideración personal. 

Aclaro que mi opinión no pretende influir en la decisión del voto hacia un candidato en especial, ni representa la opinión de Roberto Delgado, o de los miembros de su Orquesta. Busco expresar algunos puntos de vista personales en torno al momento electoral y dejar constancia de mi convicción de que la candidatura de José Domingo Arias no es conveniente para el país.

Comienzo por expresar mis pensamientos en cuanto al tema de re-elección y de la continuidad de un gobierno. La figura de la re-elección está expresamente prohibida por la Constitución, y la posibilidad de eliminar esa prohibición ha sido rechazada una y otra vez por la mayoría del pueblo panameño. Sin embargo, considero que este tema de la re-elección debe ser considerado de manera seria y desapasionada, en una discusión nacional que debe realizarse a conciencia, de forma objetiva, en un ambiente alejado de politiquerías, de intereses particulares y suspicacias que puedan enturbiar su resultado. Expreso claramente que rechazo cualquier intento de imposición de una re-elección, sea abierta o solapada, antes de que se haya realizado esa discusión nacional de manera responsable y con objetividad.  

En cuanto a la continuidad de un mismo partido en el gobierno por dos períodos consecutivos, el pueblo panameño también ha rechazado tal posibilidad históricamente. Dada la condición endeble de la institucionalidad en Panamá, al presente, considero que elegir al candidato del partido en el gobierno constituye un peligroso riesgo para la democracia panameña, y paso a enumerar las razones por las cuales afirmo mi rechazo a la candidatura de José Domingo Arias.

La democracia en nuestro país, al igual que en casi todas las naciones del mundo, es imperfecta, especialmente porque la vida democrática ha estado signada por dos características que la hacen defectuosa. Por un lado, la participación ciudadana en las decisiones del Estado es prácticamente nula; el ciudadano promedio deposita su voto cada cinco años, pero no vigilamos las actuaciones de los gobernantes sostenidamente, no exigimos una rendición de cuentas minuciosa que haga al gobierno responsable por sus actos, muchos no aportan a la solución de los problemas de la mayoría salvo quejas, o aceptan el clientelismo político como la medida de beneficio político a nivel personal, sin contribuir realmente a la lucha por el bien común. Por otro lado, nuestro sistema democrático se ha desarrollado bajo la influencia de una clase política cuyos miembros, en su gran mayoría, buscan la satisfacción de intereses particulares, sean económicos, de clase o de poder. Nuestro país ha sido acostumbrado a esta realidad, al punto de considerar normal, o inevitable, tal actitud. Esa indiferencia civil permite, alienta y sostiene la erosión de la posibilidad nacional.   

El escenario en el que transcurre el actual proceso electoral está, en mi opinión, muy contaminado por la duda y por claras señales de peligro. Toda la campaña electoral ha sido realizada en base a una inversión propagandística que llama la atención. ¿Por qué se invierte tanto dinero en la política y en publicitar las obras públicas que son la obligación de una administración responsable? ¿Cómo obviar el hecho de que el actual gobierno ha malgastado el dinero de los contribuyentes en propaganda dirigida a favorecer su pretensión de continuismo? Nuestros impuestos deben ser devueltos a la población en forma de obras que beneficien a la mayoría. Ese dinero malgastado en propaganda política a favor del gobierno no beneficia mas que a la imagen de los gobernantes y al candidato de su partido. Ese dinero debió ser invertido para aliviar necesidades urgentes de la población. Eso nos indica falta de respeto a la ley, que prohíbe tal acción, y al país, que no recibe ningún beneficio de ello. 

No existe duda que el gobierno actual ha realizado muchas obras de infraestructura, mega construcciones que de alguna manera producen beneficio a la población. Esas obras, no olvidemos, van a ser pagadas con el dinero de los contribuyentes, no con el dinero del partido en el poder. Pero existe un inmenso mar de dudas en torno a la forma en que se realizaron las contrataciones para las obras, los verdaderos costos y sobre costos alegados, la falta de transparencia y precisión en la información suministrada al publico, las dudas sobre la imparcialidad de la supervisión de los proyectos, y sobretodo, una nube de sospechas de corrupción que incluso ha traspasado las fronteras nacionales. El pueblo no tiene suficiente información sobre estos temas. Construir lo material a expensas de la espiritualidad no es correcto. El sopeteado argumento de que "roban pero hacen", no justifica que se deba volver a elegir a los que sean sospechosos de ello. Resignarse al argumento de que un país solo puede ser administrado exitosamente por "ladrones emprendedores" me resulta absurdo, además de falso. 

En otra dirección, las designaciones de funcionarios hechas por el actual gobierno, para actuar en los otros órganos del estado, sugiere que se hicieron con la intención de garantizar una subordinación dirigida a satisfacer intereses personales, no a favor de la democracia. Esa circunstancia nacional ha puesto en peligro inminente la institucionalidad del estado, a la independencia de los órganos que lo constituyen, a la separación de poderes consagrada en la Constitución. Con la continuidad del presente gobierno crearíamos un riesgo mayúsculo: la posible desaparición de la protección Constitucional que ofrece  consistencia a las garantías fundamentales del ciudadano. Esta situación nos ubicaría a todos a la merced de una justicia que no es imparcial, sirviendo a un sistema que a su vez obedece y responde solamente a los intereses del partido en el Poder y al de sus representantes y aliados. En un estado sin garantías constitucionales, todos somos vulnerables, no importa nuestra condición moral o el comportamiento correcto. Eso lo hemos vivido en Panamá no hace mucho, cuando nos fue impuesto. Recrear ese horror, ahora voluntariamente, no tiene sentido.

Por otro lado, en la opinión pública nacional existe la percepción, por la forma en que han sucedido las cosas, de que el candidato oficial no es dueño de lo que dice, piensa o hace en el terreno político. No hay nada genuino ni espontáneo en quien acepta el papel que él está cumpliendo y ese no debe ser el perfil de un presidente. Sumado a esto, la selección de la esposa del actual Presidente de la República, como candidata a la Vicepresidencia del candidato oficialista, tampoco contribuye a la percepción de independencia de éste, y por el contrario, apoya a la percepción de falta de escrúpulos de que ha hecho gala el partido en el poder, a lo largo de su período de gobierno.

La aparente compra y venta de conciencias y voluntades, mas cuando resulta liderada por un gobierno, resulta otro signo muy peligroso para una democracia. Ninguna de las razones dadas por los diputados que cambiaron de partido, justifica su traición al electorado que los escogió. Su decisión no fue sustentada por un mejor argumento ideológico, ni se produjo por un convencimiento derivado de una mejor oferta programática. 

Lo que se percibe popularmente es que entregaron sus voluntades a cambio de acceso al poder y a fondos estatales, cuando lo que debieron considerar fue trabajar para la Constitución y la democracia.  Eso incluye exigir al Ejecutivo el reparto equitativo de los fondos del erario público para sustentar obras sociales en todos los rincones del país, tal como la actual ley designa. Esta aparente compra-venta abierta sugiere al mundo que somos un país en donde todo está a la venta y todo puede ser comprado, donde ser decente equivale a ser débil y donde exigir justicia, transparencia y rendición de cuentas de parte de nuestros representantes políticos es una “babosada”. 

La infame declaración, "el que no da, no va", emitida por una figura del partido en el poder, sugiere un sello oficial de aprobación al "juega vivo" que certificaría la eliminación de la decencia y altruismo como características políticas deseables en Panamá, algo necesario en toda sociedad que se precie de civilizada. También indica el alto índice de corrupción a nivel nacional, la existencia de un sector de la población que espera algo material a cambio de no ejercer su deber cívico con la diligencia requerida. Considero que éstas y otras actitudes del gobierno actual, sean hechas a propósito, o por casualidad, o por negligencia, resultan una burla y una falta de respeto a la inteligencia de la mayoría de nuestro pueblo.

Bajo este escenario, considero muy peligroso apoyar al candidato oficial. Premiar a un gobierno con estas aparentes características, brindándole la oportunidad de mantenerse en el poder, no me parece sensato. Supongamos por un momento que una sola de las razones anteriormente expuestas fuera cierta. Darle la continuidad a este tipo de Poder le brindaría la nefasta oportunidad de continuar con la destrucción de la institucionalidad del país, la consolidación de sus intereses egoístas y particulares, a expensas de la verdadera posibilidad y necesidad de nuestro proceso político y de las mayorías del país que aun esperan justicia, consideración y respeto de parte de las autoridades que supuestamente representan a nuestra posibilidad nacional.

No vendan su voto, ni su conciencia. Actuemos por convicción, animados por el deseo de mejorar el futuro de nuestra Patria, el de nuestras familias y vecinos, el de todos. Voten por la voluntad de ayudar a construir una mejor posibilidad nacional. Demostremos a los que creen que la virtud cívica es un defecto y que nuestra voluntad esta en oferta, que nuestro país no acepta resignarse a ser humillado y despojado por los que manipulan su afecto, su esperanza y su trabajo, aprovechándolo con propósitos egoístas.  

Y al candidato que resulte ganador, sea quien sea, debemos exigirle respeto hacia la ciudadanía y hacia los principios éticos en la política, constantemente, a lo largo de su periodo de mandato. Aprendamos a ser consistentes en defendernos de quienes le hacen mal a nuestro país y a nuestro futuro.

Por Panamá, ahora y siempre.

Rubén Blades
Buenos Aires, Argentina
1º de Mayo, 2014