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Mar142015

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Friday
Mar062015

JUSTICIA, segunda parte

por Rubén Blades

Lo que hasta ahora parecía imposible en nuestro país, ha sucedido. Un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá es imputado, investigado, admite haber cometido los ilícitos, es llevado a juicio y recibe una condena de 60 meses en cárcel. Definitivamente, es algo inédito en nuestra historia patria.

Por lo pronto, y antes de que comiencen las apelaciones y los efectos que este fallo seguramente producirá, debemos agradecer a los responsables por este resultado, un esperanzador primer paso hacia el adecentamiento de nuestro sistema judicial. A los medios nacionales, que publicaron las denuncias, cubrieron y custodiaron todo el proceso, reportando incansablemente los detalles del tema, al Fiscal González y a las juezas de garantía que cumplieron su responsabilidad y rindieron su veredicto de manera objetiva, gracias. 

Hace poco escribí un artículo de opinión relacionado al tema y debo ahora compararlo con lo que ayer fue decidido.  Que el caso no haya sido llevado a un juicio público aun me decepciona. De eso dependía la exhibición pública del grado de corrupción que existe en nuestro sistema judicial, en el sector privado y en el sector público. El arreglo alcanzado produce la condena de una figura otrora relevante en nuestro Órgano Judicial, pero quizás termine protegiendo a terceros, los corruptores. Más aún, queda ahora la incógnita de si los casos de conocimiento del magistrado hoy convicto serán re-examinados y hasta desvirtuados, por la posibilidad de que algunos de esos fallos hayan constituido la base del enriquecimiento ilícito, algo que todavía se ignora. El vaso, desde esta perspectiva, sigue medio vacío. 

Tengo varios comentarios que hacer referentes al desenlace, y necesito comparar el resultado con el artículo de opinión que escribí hace unos días. La condena de sesenta meses no fue inesperada. Era el máximo posible, dentro de los parámetros que la propia ley indica como apropiados, en las instancias de arreglo extra-judicial. Pero debo reconocer que no esperaba que se desestimase la solicitud del abogado por la defensa, de que se le diese casa por cárcel al condenado Moncada Luna. El tribunal, en cambio, decidió enviarlo a cumplir su sentencia a un centro penal, como le ocurre a cualquier hijo del vecino, cosa que me sorprendió por lo correcta. Veremos si eso se sostiene. Si cumplir sentencia en una cárcel, a pesar de la edad y de problemas de salud, es lo correcto para el ex-dictador Noriega, entonces debería serlo también en el caso del ex-magistrado Moncada.

La segunda sorpresa para mi fue la negativa de las jueces en atender la solicitud de liberación de las cuentas bancarias que se habían incluido dentro del proceso, por la posibilidad de su vinculación con el reo o con el caso. Las juezas no concedieron la petición y en lugar de ello han remitido el asunto al Ministerio Público y ahora corresponde a la Procuraduría General de la Nación la responsabilidad de investigarlas y aclarar su origen y propósito. Sobre ambos puntos tuve mis dudas y me alegro de que se hayan disipado un tanto con el fallo. Falta aun ver que ocurrirá ahora con los otros actores, investigando lo que por ley escapaba a las facultades, tanto del Fiscal González como de los jueces del proceso. 

Sin embargo, el punto central de mi artículo aún queda pendiente. Solo se ha resuelto la mitad del asunto. El ahora prisionero no reveló quienes fueron sus cómplices, en que consistió el enriquecimiento ilícito, ni qué fue lo que tuvo que hacer para obtener los ingresos injustificados. Algunos abogados me indicaron que las pesquisas para aclarar esas preguntas pertenecen a otra jurisdicción, bajo otras condiciones procesales. Mi argumento, empero, es que sigo sin entender cómo es posible que se llegue a un acuerdo extra-judicial con un imputado que rehúsa revelar los puntos que antes he citado. Es decir, admite el crimen, pero sin entregar los detalles del mismo. ¿Quedan ahora viciados los casos que conoció Moncada Luna como Magistrado de la Corte?

Esa situación me deja la sensación de que aún no se ha cerrado el círculo de la justicia en este caso. Falta mucho por entender de la madeja tejida alrededor del ilícito, y me parece que ese vacío de información hará la investigación del Ministerio Público mas difícil y problemática. Ojalá y no impida la efectiva y pronta identificación de las personas y responsabilidades correspondientes. Queda claro que debemos corregir los espacios que, dentro del Código Penal Procesal, se convierten en agujeros utilizados por los imputados para esconderse. Por ejemplo, reformar  lo requerido para cualquier arreglo extrajudicial, como lo expone el actual 220 del Código Penal, agregando al acápite 2 -taxativamente- que cualquier imputado que pretenda un acuerdo tendrá la obligación de identificar a sus cómplices. Hoy eso no se exige, a menos que el acusado "forme parte de una banda, grupo, u organización criminal". Como el ex magistrado no fue percibido, ni acusado como miembro de una banda, grupo, u organización dedicada al crimen, entonces imagino que no se consideró necesario conminarlo a denunciar a sus cómplices y/o corruptor(es) como pre-condición al arreglo, tal como actualmente el punto 2 del 220 parece exigir, en mi interpretación. Imaginemos cuál hubiese sido el impacto nacional de su aceptación del delito, si hoy hubiésemos despertado además con los nombres de los que contribuyeron a su enriquecimiento ilícito.   

Ahora corresponde tanto a la Procuradora como al Contralor continuar esta arremetida contra la corrupción oficial, actuando estrictamente en Derecho y de manera objetiva. Nuestro deber es el de continuar brindando el apoyo necesario para que sus diligencias e investigaciones se puedan desempeñar con éxito. El país debe cooperar con el Ministerio Público y continuar vigilante, para evitar futuras sorpresas, o evasiones al proceso. 

Por ahora, me uno a los paisanos que consideran que el vaso está medio lleno, entendiendo que aún nos falta por asegurar, y esto no va a ser fácil de producir, que la investigación presente y futura de casos de corrupción en Panamá llegue a todos los estratos nacionales, incluyendo a los que componen nuestra organización administrativa y sin distinción de partidos políticos, o personas. Que la justicia, para manifestarse públicamente, no dependa de los errores, o de la vanidad, estupidez o soberbia, de algunos funcionarios venales, ni que se limite la investigación a los que hoy, por no formar parte del gobierno de turno, resultan identificables y susceptibles de ser encausados por carecer de protección oficial.

Que no exista impunidad para los que traicionan a nuestro país, es un deseo popular que requiere de mucho por hacer. Pero no se puede negar lo especial que este momento representa para nuestra historia procesal.

Amaneció y hemos visto algo único y esperanzador. Que no se detenga el proceso, es lo que exigimos todos. Esta oportunidad no debe ser desperdiciada.

 

Rubén Blades

6 de Marzo, 2015

 

Friday
Feb272015

“¡Ay!, ¿cuándo llegará la justicia?" (Eddie Palmieri) 

¿JUSTICIA?

por Rubén Blades


Existen momentos cuando la política me parece el "abattoir" de las ilusiones. Hemos recibido la noticia del acuerdo entre el fiscal González y el encausado Moncada con una mezcla de sorpresa y decepción. Como frecuentemente ocurre en nuestro país, cada vez que el proceso administrativo nos presenta una buena nueva, generalmente viene acompañada de un ingrediente que la hace adquirir un sabor amargo, transformando lo positivo en algo difícil de celebrar, o tragar del todo.


No hay duda de que hemos presenciado un episodio insólito: la pública admisión de un ilícito por parte de un funcionario de alto nivel, acción que acarrea inevitables consecuencias judiciales. Pero nos provoca un total asombro y malestar el hecho de que el asunto parece que no llegara a los tribunales, y que el arreglo parece no incluir la aclaración sobre cómo se produjo el hecho del enriquecimiento injustificado, ni descubre la identidad de quiénes se beneficiaron con el acto de traición al justo proceso legal por parte del imputado. Más aún, la eliminación de la acusación de blanqueo de capitales, permite que más de cuatro millones de dólares que habían sido incautados -por "dudosa procedencia"- ahora sean “desaprendidos”. Ello significa que ese dinero será reintegrado a los que antes fueron descritos como probables testaferros o cómplices del imputado, o a las compañías que ellos controlan.

La devolución de dos apartamentos no parece suficiente para garantizar que todo el dinero admitido como ilícitamente obtenido será devuelto. Si los bienes sospechados de ser mal habidos no son decomisados e integrados al Estado, los delincuentes involucrados se quedarán con ellos y su crimen se verá recompensado.

Las expectativas creadas nos aseguraban que en esta ocasión prevalecería la claridad, pero el desenlace exige que nos conformemos con un resultado que no satisface, ni al ideal de justicia, ni a los panameños. Vale la pena ahondar un poco en este lodazal, antes de que aparezcan los puercos, se revuelquen e impidan que la sociedad nacional encuentre las perlas que se encuentran sepultadas en el fango.
 
Es cierto que el acuerdo entre el fiscal acusador y el acusado tiene un asiento legal en nuestro Código Penal, en su artículo 220. Se sustenta el argumento bajo la consideración del ahorro judicial, de tiempo, recursos y de proceso. Es además un derecho del acusado el invocar la posibilidad de un arreglo extra-judicial. Y aunque así ocurre en la mayoría de los juicios, este no es otro caso más. Por eso no debió haber sido dirimido así.

El problema que nos dificulta aceptar esta solución, en el caso específico del magistrado, es la naturaleza del delito imputado, considerando la posición que ocupaba el acusado dentro del sistema judicial nacional, y el impacto de su mal proceder, al atentar contra la noción de seguridad jurídica, sin la cual resulta imposible establecer credibilidad, nacional o internacionalmente. Entre los distintos señalamientos contra el Magistrado Moncada Luna, resalta el de "enriquecimiento injustificado".  Esta acusación se le hace mientras ocupa una posición en el más alto tribunal de justicia del país y luego produce una de las dos admisiones absolutas de culpabilidad del Magistrado en su arreglo con el Fiscal Acusador.

Resumiendo, un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá admite haberse enriquecido ilícitamente. Acepta que recibió pagos a cambio de traicionar la dignidad de su cargo, a la Justicia y admite que burló la Ley. Hasta aquí, estamos claros. Pero, la procedencia del pago(s) recibido(s), es aún desconocida. Las razones para la compra de su conciencia son aún desconocidas. Los propósitos ilegales alcanzados son aún desconocidos, y la identidad de los terceros, que conforman la otra cara del ilícito, aún se desconocen. Sin estos puntos resueltos, mal puede considerarse que con el arreglo se ha hecho justicia.

Algunas de las preguntas que aún exigen respuesta son:
1. ¿Qué servicios brindo el Magistrado Moncada Luna a cambio de su admitido enriquecimiento ilícito?
2. ¿Quién, o quienes le pagaron?
3. ¿Cuánto le pagaron?
4. ¿Cómo le pagaron?
5. ¿Cuándo le pagaron?
6. ¿Quiénes se beneficiaron con los fallos dados a consecuencia de la actividad ilícita del Magistrado, si ese fuera el caso?
7. ¿Cuáles fueron específicamente los casos en los que intervino el Magistrado a cambio de sobornos, si ese fuera el caso?
8. ¿Cuándo ocurrieron esas intervenciones ilícitas a cambio de los sobornos recibidos, si ese fuera el caso?
9. ¿Quiénes fueron los cómplices que permitieron, ayudaron y ocultaron la acción ilícita del Magistrado y su enriquecimiento ilícito?

Estas interrogantes tienen que ser resueltas. De lo contrario, una simple confesión no parece constituir un elemento final probatorio suficiente. Hasta el que confiesa tiene que sustentar su culpabilidad y demostrar que es efectivamente responsable del ilícito imputado. Tiene que demostrar como ejecutó ilícitamente lo que admitió en su arreglo. La Ley tiene por su parte la obligación de comprobar los componentes del ilícito, precisamente para determinar que hubo delito, que el imputado está en uso de sus facultades mentales y que no está aceptando una culpa falsamente. Un imputado al que no se le ha probado delito mas allá de una simple admisión puede mas adelante retractarse y alegar que su culpabilidad jamás fue legalmente comprobada. Por otra parte, la defensa ya ha sugerido que no hubo realmente delito; que el Magistrado simplemente olvidó incorporar parte de su patrimonio en su declaración de bienes y que lo ocurrido ha sido solamente producto de una omisión involuntaria.

El artículo 220 de nuestro Código Procesal Penal, en su acápite 2, señala que "el esclarecimiento del delito" es otro de los factores que justifican y permiten un arreglo extra-judicial. Pero aunque tenemos una admisión de culpabilidad por "enriquecimiento ilícito”, el delito confesado está bastante lejos de considerarse "esclarecido". La fragilidad del caso se refleja cuando consideramos el artículo 25 de la Constitución Nacional vigente: "Nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía, contra sí mismo, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad". Parece entonces que la única "evidencia" de culpabilidad la constituye la confesión del Magistrado.  

El fiscal, por lo que hasta el momento he leído, alega que el arreglo es lo mejor que podía ser obtenido bajo las circunstancias, algo que me recuerda el viejo refrán, "mejor un mal arreglo que un buen pleito". No puedo concurrir con la posición del fiscal González. Justamente lo que el país necesita en este momento es eso, un buen pleito público en donde se exhiban las perlas que conforman el collar con el cual la corrupción asfixia el honor nacional y nuestras posibilidades patrias y donde se establezca que el proceso judicial en Panamá ha recobrado verdaderamente su poder y credibilidad. Esta solución no posee la frescura de una aclaración que informa y resuelve un conflicto. Sugiere una componenda, fabricada por el miedo a las consecuencias de la verdad. No parece sostener la inicial esperanza de que por fin estamos en Panamá experimentando un cambio en la triste realidad que ha representado y representa la inadmisible impunidad que protege e inmuniza a un grupo de privilegiados en nuestro país.

Con esta solución extra-judicial parte del ilícito quedará blindado, silenciado, sepultado, vedado a la acción de la verdadera justicia, la que se le debe a la población nacional. La decisión, aunque aparenta la solemnidad que confiere el rito procesal, me parece contradictoria. Algo así como permitir, dentro del área de agua de una piscina, un rinconcito en el que se puede orinar. Pretende ser lógico, desde la perspectiva que plantea el dicho del "vaso medio vacío y el vaso medio lleno". Pero la realidad que produce es ofensiva y absurda, amén de contra-producente en términos de justicia. Un acto corrupto involucra necesariamente a dos partes. En este caso solo uno de los componentes del acto corrupto ha sido identificado. ¿Dónde está el otro zapato? ¿o zapatilla?

Pero allí no terminan los asombros. Ahora la defensa alega, después de haber afirmado hace escasas semanas que las pruebas de la inocencia del imputado serían presentadas y su inocencia probada sin lugar a dudas, que en realidad el magistrado ha decidido aceptar el arreglo sin querer queriendo, por "razones de salud" y "para evitarle dolor a su familia". Y es que regularmente, los condenados encuentran tres cosas con pasmosa velocidad: Dios, la familia y los problemas de salud. Imagino que ahora se considerará darle casa por cárcel, por aquello de la salud y el dolor familiar; de ser así, seguro le rebajarán la pena por buen comportamiento (difícil es portarnos mal si estamos confinados a nuestra propia casa) y al final de sus tres años, recibirá la posibilidad de volver a la vida normal. ¿Y quién sabe que más, aunque anormal, le espera?

El otro argumento que he leído es el que afirma que es mejor evitar que su caso vaya a una Asamblea que podría declararlo libre, aún con amplias evidencias en su contra, y que resulta mejor obtener de vuelta las dos casas y separarlo del cargo, que enviarlo a ser juzgado por un órgano donde quizás podría ser absuelto gracias al voto de sus miembros, muchos de los cuales se cree debieran a su vez ser juzgados, por lo menos por sinvergüenzas. ¡ Pena nos debe causar plantear semejante razón como excusa!  Pero he allí que lo expuesto no deja de tener su peso, especialmente en un estado de corrupción aceptada a nivel nacional, disfrazada con el eufemismo del "juega vivo", como el razonamiento de algunos aplaudiendo el arreglo parece indicar. ¡Mas vale apartamentos en mano que una Asamblea votando!

Al final del proceso, no importa cuán solemnes los rostros y cuán perfectas las argumentaciones legales, el pueblo queda con la sensación de que ha experimentado una farsa, por haberse negado su deseo de ver expuesta las interioridades de la corrupción que contamina a un sector del país político. Nos quedamos con las ganas de saber que ilícitos hizo el Magistrado, con quién, cuándo, cuánto, cómo y dónde.

Y de cómo "Tio" Pipo nos iba a explicar el préstamo millonario que ambos admitieron se hizo al imputado, cómo y cuándo le entregó el dinero, a qué banco fueron a depositarlo y cómo les aceptaron la transacción sin hacer las preguntas que nos hacen, por mucha menor cantidad, cuando depositamos nosotros. Nos quedamos sin entender la base de esa amistad, a prueba de intereses bancarios, entre el magistrado y su "tío", ex-vice-presidente de la República. Todo ahora queda sumido en el silencio de lo que ya ha sido resuelto legalmente, pero que aún permanece sin explicación pública, en cuanto a la responsabilidad total por la corrupción confesada. Nadie debe sentirse satisfecho con un resultado parcial, menos cuando lo que el país necesita es una explicación total de lo ocurrido. Así como no existe una mujer medio preñada, tampoco existe una "media corrupción".

Este extraño arreglo nos deja más preguntas que respuestas y sugiere lo que hemos sospechado todos desde antes: el espectáculo legal parece que será manejado con el cuidado que se requiere para no tener que investigar los actos de corrupción hasta un punto en el que el país se vaya a quedar sin políticos y sus cómplices en el sector privado. No tengo la menor duda: si aquí de verdad se investiga la corrupción político-administrativa hasta las últimas consecuencias, el resultado podría producir una parálisis nacional.

A pesar del magnífico precedente que produce el caso del Magistrado Moncada Luna, me luce que nuestro país seguirá dependiendo por mas tiempo del arreglo con la corrupción y de su patrocinio para funcionar. Lo hará, entre otras razones, para continuar nuestro consistente crecimiento económico, y evitar el cataclismo que produciría una súbita aplicación de honestidad sostenida en el ámbito nacional. La corrupción no es un problema político; es un problema espiritual y por ello, generalizado. Al margen de la frustración que siento por el rumbo de este caso, también considero que nuestro país puede, por la voluntad de quienes formamos su pueblo, decidir que sí es posible actuar para no continuar dependiendo de la corrupción. Tengo plena confianza en tal posibilidad.  Todavía faltan otros casos por ventilarse. Amanecerá y veremos al bien triunfar.
No olvidemos que el Diablo no protege a nadie. Ni siquiera a los que le sirven.

Rubén Blades
26 de Febrero, 2015