Panamá, de 1968 a 2020: ¿Cómo enfrentar a la Corrupción Nacional?

Hoy leí un artículo de opinión publicado en uno de nuestros periódicos locales. El análisis del columnista se refería al significado del 11 de octubre de 1968, fecha del golpe militar en Panamá que expulsó del poder constitucional al presidente Arnulfo Arias.

Como encuentro en muchos de estos escritos, persiste una dosis de ingenuidad y/o de revisionismo. 

Pero lo que más me llamó la atención del escrito es la afirmación de su autor afirmando que "el resquebrajamiento del orden constitucional no puede ser aceptado, bajo ninguna circunstancia". Y pregunto: ¿ni siquiera para rescatarlo, cuando el “orden constitucional” se ve desvirtuado y es inoperante por estar en manos de los corruptos?

Quisiera comentar sobre este punto específicamente, como abogado y como panameño:

Luego de cincuenta y dos años del ascenso de los militares al poder, y después de treinta y un años de una invasión que produjo la mayor cantidad de muertos en Panamá por causas consideradas no naturales, (COVID establece un récord en cuanto a defunciones producto de una epidemia), la mayoría consciente de nuestra República considera que aun continuamos siendo un país controlado y determinado por la corrupción.

Un argumento para explicar el golpe del '68 fue la actitud del presidente electo Arias, al desconocer el "pacto" concertado entre él y los estamentos militares, en donde acordaron que se respetaría el escalafón castrense, Poco se habla de la responsabilidad civil, específicamente la de los partidos políticos, los que desde el teatral juicio al anterior presidente, Marco Robles, habían producido una ola de violencia sin precedentes en los anales de la política nacional y utilizado en sus robos de urnas a la Guardia Nacional, por entonces bajo las ordenes de un miembro de la elite "rabiblanca', el Comandante Bolívar Vallarino.

Pocos de los sobrevivientes de los cuadros elitistas aceptan hoy que el Panamá de 1968 era uno de arreglos entre los poderes económicos, los poderes políticos y la Guardia Nacional. Ni el bienestar del pueblo, ni la opinión del pueblo eran asuntos tomados en cuenta por los administradores del futuro nacional. 

El "golpe de estado" de 1968 resultó un derivado natural de la corrupción política existente. La Guardia decidió no continuar actuando como testaferro de los intereses de unos pocos y los reemplazo en el poder. Desde entonces hasta el presente, el golpe militar ha sido expuesto solamente atendiendo al ángulo estricto del Derecho: la violenta expulsión de un presidente electo, nombrado como tal en un proceso democrático, por el voto directo de los panameños.

En 1989, para justificar la invasión norteamericana algunos, incluyendo abogados, argumentaron que esa acción no era injusta, ni ilegal, por resultar necesaria para extirpar del poder a la dictadura del peor de los miembros del alto mando castrense panameño, Manuel Antonio Noriega. Que la invasión representaba un precio razonable para producir el regreso a la democracia en Panamá y que esa consecuencia resultaba suficiente para aceptar un acto violento, realizado unilateralmente por una potencia extranjera, que violaba al derecho internacional y que produjo la muerte de quien sabe cuántos panameños. 

Una y otra vez recuerdo escuchar y leer, constantemente, ahora bajo democracia todo se va a arreglar, la corrupción va a desaparecer, y los apólogos de la invasión describían al Panamá pre-1968 como una especie de paraíso ciudadano, donde las cosas marchaban ¨como dios manda¨ y un pueblo unificado vivía feliz, deseoso de aprovechar las abundantes oportunidades ofrecidas por el sistema. nada de esto refleja la realidad de entonces.

De todo el proceso transcurrido desde 1989, incluyendo los recientes "años bajo democracia", aparte de la invasión de 1989, considero que los momentos mas trascendentales para el país en orden cronológico fueron:

1. El surgimiento del Movimiento "Papa Egoró" (1994), por ser el primer partido político directamente creado por el pueblo, sin el apoyo económico de los intereses, económicos y políticos que controlan a Panamá desde su nacimiento.

2. El retorno a la jurisdicción panameña del territorio denominado Zona del Canal (1999), el hecho más importante de nuestra entera vida republicana por ser el momento en que verdaderamente nacemos como un país autónomo, libre de la tutela y jurisdicción extranjera sobre nuestras vidas, (la ley que se aplicaba en la Zona del Canal, a panameños y a "gringos" era la de Estados Unidos, no la de Panamá).

3. La más desfachatada y abierta corrupción política, económica y social en toda la historia de Panamá, incluyendo a la Colonia Española y a nuestro período de voluntaria accesión, como un departamento de La Gran Colombia.

Pregunte en Panamá al primero que encuentre en la calle, no importa su edad, sexo, raza, condición económica, u ocupación profesional, si cree que los Poderes Legislativos y Judicial son corruptos o no. La respuesta, a nivel Nacional, será un rotundo, corruptos hasta la médula. Por supuesto, esa afirmación no ira acompañada con la aceptación de que somos nosotros los que escogemos a diputados y presidentes y, por ende, parte de la responsabilidad por lo que denunciamos es nuestra también.

Siempre hemos asumido que existía la utilización del poder para lo que en términos vernáculos llamamos "la rebusca".

Pero lo que hoy existe es extraordinario, en cuanto a su abierta acción y total impunidad. El saqueo a las arcas nacionales es continuo, descarado, público, y resulta imposible de ser castigado. El caso de Odebrecht es apenas una de sus manifestaciones, hecha pública no por investigaciones internas en Panamá sino a consecuencia de investigaciones y de procesos realizados en otras jurisdicciones y países.

Los partidos políticos se comportan como pandillas y nosotros, la población, somos sus miembros, ingresando a cambio de un apoyo por el que se nos asigne un mendrugo a la hora de que asciendan al poder. La corrupción presenta varios componentes: no solo el que compra es corrupto, también lo es el que se vende. Pero esto no es considerado por la mayoría de la población nacional, a pesar de constituir la razón y el fundamento para la existencia y continuidad de la corrupción política y la mala administración pública en Panamá.

"El resquebrajamiento del orden constitucional no puede ser aceptado, bajo ninguna circunstancia", escribió el abogado en su análisis sobre "el golpe militar de 1968". Y me pregunto, ¿cómo acabar con la corrupción en Panamá, como acabar con la mediocridad administrativa, y como realmente crear un sistema de orden y derecho, si los órganos que componen al país son corruptos y por serlo, no permiten una administración pública responsable, eficiente y honesta? 

Cuando el "orden constitucional" está en manos de intereses corruptos, que interpretan a su antojo la ley, desvirtúan la intención de la constitución, impiden el justo desarrollo del país y hacen de la justicia una burla, ¿como enmendar la situación institucional sin "resquebrajar" al sistema? 

Si el Poder Legislativo, encargado de crear las leyes es corrupto; si el Órgano Judicial, encargado de aplicar la ley y de garantizar el derecho de todos nosotros es corrupto, ¿cómo puede gobernar un Poder Ejecutivo si no es pactando y negociando con la corrupción?. Eso, en consecuencia, también corrompe al Órgano Ejecutivo, y por esa realidad nadie en Panamá concede credibilidad a los funcionarios públicos. Y sin credibilidad oficial, ¿cómo puede avanzar un país?

Propuesta hacia la elección del 2024

Los candidatos independientes a presidente deben basar su propuesta electoral en la necesidad de cambiar todos los códigos, leyes y normas vigentes que permiten y alientan la impunidad de la corrupción nacional.

Empezaríamos por eliminar la prescripción de las denuncias contra funcionarios públicos por apropiación indebida y por desfalco de fondos públicos y eliminaríamos los actuales impedimentos para denunciar actos dolosos por funcionarios públicos.

Reformaríamos lo relacionado a la estructura y funcionamiento de los Órganos Legislativo y Ejecutivo, eliminado los actuales privilegios y oportunidades para la corrupción, designados en leyes que ellos mismos han creado para los efectos de aprovechamiento personal de fondos estatales.

Eliminaríamos los Ministerios actuales y los reemplazaríamos con Secretarías, despachos encargados de contribuir al éxito de un Plan Maestro para el Desarrollo Nacional. Sus empleados serían nombrados atendiendo a lo planteado por la Carrera Administrativa y no al clientelismo político.

Eliminaríamos al Ministerio de la Presidencia. Crearíamos la Secretaría de Planificación, encargada de la creación y supervisión del Plan Maestro para el Desarrollo Nacional.

Crearíamos un Sistema Unificado de Salud. Eliminaríamos las Juntas Directivas en las instituciones autónomas y semi autonomías y las reemplazaría con Administradores, profesionales expertos en las tareas a desarrollar en cada una de las entidades.

La Caja del Seguro Social tendría un Administrador con experiencia, escogido por concurso, ni médico, ni alcahuete político, ni nombrado a dedo por el presidente y la actividad de la Caja se limitaría a la atención de su propósito: garantizar las pensiones e interés de los asegurados, (jubilación, vejez y muerte).

Crearíamos un Plan Económico basado en nuestras fortalezas y definido por inventarios provinciales que determinarían las direcciones a seguir. 

Construiríamos un proyecto económico nacional basado en la interconectividad, utilizando "clusters", y las ventajas competitivas que nos hacen fuertes y permiten expandir nuestra oferta de mercados.

Crearíamos un Plan de Educación que se encargaría de preparar al personal que se necesite para poder cumplir con las metas de ese Plan Maestro para el Desarrollo Nacional, con la fundación de Escuelas Técnicas que nos permitan preparar al personal necesario de manera rápida y eficiente.

Utilizaríamos parte de los fondos provenientes del ingreso del Canal para garantizar los presupuestos necesarios para el desarrollo de cada una de las provincias de acuerdo a lo establecido en el plan maestro para el desarrollo nacional.

Eliminaríamos los subsidios que hoy suman mas de $2,500 millones de dólares anuales y nos concentraríamos en resolver los problemas utilizados para justificarlos. Aplicando la carrera administrativa reduciríamos la cantidad de empleados públicos que hoy representan mas de 3,000 millones de dólares anuales. Entre subsidios y clientelismo político el país gasta anualmente mas de 5 mil millones y medio de dólares, que no son utilizados para invertirlos en proyectos productivos, que generen ingresos y mejores beneficios.

Todos estos argumentos constituirían parte de mi propuesta electoral, si fuese candidato.

Si el pueblo elige al candidato que ha presentado estas posiciones, entonces se entenderá que aprueba lo por el o ella propuesto y que apoyara su ejecución, ahora desde el poder ejecutivo.

Con las contribuciones agregadas e incluidas en el Plan Maestro para el Desarrollo Nacional, la propuesta de acción de reforma estructural estatal y el plan maestro serian presentadas al país a través de un referéndum nacional que pediría que se apruebe o se rechace lo propuesto.

Si el país vota ¨Sí¨, los cambios integrarían una nueva propuesta de reforma constitucional, para elevar todo lo aceptado a título constitucional y así evitar que la corrupción actúe para desarticularlo desde la asamblea y que puedan ser aplicados sin interrupción, indistintamente de qué partido político ascienda al poder en el futuro.

Eso ha salvado la integridad y operación del Canal de Panamá, hasta hoy. Yo repetiría ese ejemplo, para garantizar un nuevo paradigma de gobierno, nuevas estructuras administrativas y un plan de Gobierno Nacional a veinte años.

Sobre lo de no "resquebrajar al sistema constitucional", solo comento que, si cualquier órgano del Estado decide no aplicar legalmente lo que el pueblo decide a través de un referéndum, entonces se deslegitima ese órgano y puede por lo tanto ser abolido y reemplazado por acción de un Poder Ejecutivo en representación del pueblo que lo eligió democráticamente para tal propósito.

Si el pueblo acepta la necesidad de los cambios propuestos, su voluntad representaría una autorización directa para el cambio que facultaría al Poder Ejecutivo para actuar. 

Cualquier órgano que pretenda oponerse a la acción ejecutiva estaría en plena rebeldía contra la voluntad popular. El poder emana directamente del pueblo, una elección democrática otorga al ejecutivo la representación de esa voluntad popular.

La Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia son instituciones que representan al pueblo porque la voluntad popular asi lo ha decretado. De igual manera, esa misma voluntad popular puede decidir reformar, e incluso eliminar esas instituciones por ser corruptas y no representar al interés nacional.

Para hacer un omelette es necesario quebrar los huevos. Creer que el COVID-19 va a ayudar a los médicos a curarlo es como pretender que una mujer esté medio embarazada. Ni siquiera en Panamá puede ocurrir semejante vaina.

Contrario a lo que puedan creer, estos cambios estructurales son posibles de ser puestos en marcha rápidamente. Luego de la inicial transformación de la estructura estatal, un periodo que tomaría en mi opinión menos de tres años, se llamaría a nuevas elecciones, ahora con el sistema saneado y con la garantía de seriedad y fuerza de nuestros cuadros institucionales restaurada.

Esto es una propuesta. No me quejo, no insulto, y tampoco acepto a la corrupción ni al status quo.

¿Que opinan los lectores? ¿Creen que podemos hacerlo?

Gracias por su atención y sus comentarios.

Rubén Blades
24 de octubre, 2020

ENCRUCIJADA, del disco TIEMPOS (1999)