Se agrava la crisis institucional en Venezuela

Una nueva crisis aparece en el camino de la democracia venezolana. La reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, que declara al Órgano Legislativo del país en rebeldía, puede tener graves consecuencias para la golpeada sociedad del país hermano. En todo caso contribuye a robustecer la opinión, ya generalizada en nuestro hemisferio, de que el gobierno del presidente Maduro se ha convertido en una dictadura de facto.

Sin intención de hacer dictámenes de ninguna clase, expreso una opinión al respecto. Como he dicho en ocasiones anteriores, Venezuela necesita el ambiente propicio, la mesura y la voluntad para que ocurra un acuerdo nacional. La reciente consideración legal de la Corte no favorece este ambiente. Tal vez el fallo debió limitarse, en todo caso, a considerar si era o no procedente la juramentación de tres diputados de oposición cuyas elecciones han sido suspendidas por acusaciones de presunto fraude, y ordenar la pronta resolución de la investigación en curso. Sin embargo, lo que parece evidenciar la reciente decisión del Tribunal Supremo venezolano, es la intención de crear una justificación que permita al Órgano Ejecutivo, legislar por decreto, reemplazando la función de un cuerpo colegiado cuyos miembros fueron electos por el voto popular. En otras palabras, eliminar el Poder Legislativo equivale a anular la decisión de un pueblo. Si esto es así, estamos frente a una burda usurpación de la democracia y de las competencias de los distintos poderes del Estado. El poder ejecutivo no puede encargarse de las funciones del poder legislativo, sin violentar el balance institucional del estado. Por otro lado, la Asamblea no debe seguirle el juego al adversario. Si se cometieron faltas, han debido subsanarlas de motu proprio, sin dejar resquicios por donde se pueda colar el totalitarismo.

Si realmente se quiere aportar a crear las condiciones para el diálogo inteligente, parece evidente la necesidad de dar un paso coherente. En este caso, el Tribunal Supremo debería reconsiderar su decisión, devolviendo las facultades al legislativo. Y éste, a su vez, realizar las correcciones necesarias. De otra manera, va a terminar el Presidente Maduro legislando por decreto. En tal caso, desaparecería la separación de los poderes y se produciría una concentración de facultades que no representan el ideal esbozado en la Constitución, ni en el ideal democrático que la sustenta. Eso, sumado a un poder judicial que parece ya sometido al poder, daría lugar a una abierta dictadura encabezada por el Presidente Maduro.

En todo caso, el resultado de la confrontación de estas fuerzas, por el control del poder, es la continuación de las deplorables condiciones del pueblo venezolano y la postergación de una salida que beneficie a todos y que finalmente unifique al país.

Nos unimos al deseo de todos de que estos episodios no provoquen repercusiones violentas.

Rubén Blades
30 de marzo, 2017