Sobre el estado de la justicia en Panamá
En el Talmud, texto judaico antiguo, hay una enseñanza que dice: “Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”.
Los recientes escándalos alrededor de las decisiones de los tribunales en Panamá, son la evidencia del pobre estado de la justicia en nuestro país. Así como el caso Odebrecht nos ha confirmado que sí existe y ha existido la corrupción más descarada, ahora también nos está confirmando todas nuestras dudas acerca de los oscuros manejos de la justicia en todos sus niveles. Este juego de pasarse unos a otros la responsabilidad por la incapacidad del sistema, nos está llevando a una situación que ningún panameño honesto desea: injusticia e impunidad. Si eso ocurre, de nada sirven todas las excusas ni todos los argumentos, manidos o no, ni todas las citas a las normas, ni si se trataba de casos de alto perfil o no, o si se cumplieron los plazos o no. Ninguna de esas razones salvará al país y a los ciudadanos del desastre de dejar impune a los culpables de lo que parece ser el peor caso de corrupción que hemos vivido en la historia. O por lo menos el mayor hasta ahora conocido.
No hay ninguna razón, legal o no, que excuse la impunidad en un caso como éste. Lo que convenientemente ignoran los argumentos que estamos escuchando, es que la propia ley, entendiendo que no todos los crímenes son creados iguales, también permite cierta flexibilidad en los términos en los que las circunstancias hacen difícil, o imposible, ajustarse a lo legalmente establecido como perentorio. Si realmente se quiere hacer justicia, es necesario hacer uso de todas las excepciones que la propia Ley reconoce. Pero no podemos aceptar que por tecnicismos, los corruptos se vayan a su casa inmunes a la Ley, a disfrutar con los dineros de la ciudadanía.
Por otro lado, no debemos ignorar que en Panamá, de manera sostenida y continua, el sistema judicial ha incumplido con sus obligaciones, atentando incluso contra los derechos humanos más elementales. Baste como ejemplo el hecho de que hoy, bajo gobiernos supuestamente democráticos, en nuestro país hay mucha gente privada de su libertad, sin haber sido enjuiciados. Más del 60% de los detenidos, (unas 7,000 personas), permanecen en las cárceles sin que se les haya encontrado culpables en un juicio. El problema entonces es más complejo y funesto que el de un solo funcionario o funcionaria que, por razones que responden a su apreciación e interpretación legal, determina cancelar investigaciones que involucran a innumerables "peces gordos”, entre ellos figuras políticas y empresariales de Panamá.
Hoy, la percepción que tenemos de nuestro sistema judicial es que todos sus componentes forman parte de una colosal incapacidad para administrar justicia de manera rápida, eficiente y, lo más importante, igualitaria para todos. Lo cierto es que en nuestro país, desde que yo recuerde, la justicia es huérfana del interés del Estado y de la ciudadanía. Sólo ha importado para quienes, en los extremos de los fallidos fallos, pierden o ganan. Tradicionalmente, al Órgano Judicial se le ha asignado una cantidad ridícula con que operar. No ha existido tampoco una supervisión eficiente del manejo de nuestros tribunales, ni se ha creado el tipo de norma que obligue a los jueces a fallar en tiempos específicos y a ser investigados por no hacerlo. En otras palabras, la propia ley se ha encargado de crear lagunas legales en donde se baña la corrupción y flota la impunidad, sin consecuencias y sin certeza del castigo.
Una nueva Constitución tendría que encarar este problema, eliminar las situaciones como las que hoy nos llenan de zozobra y de vergüenza. Habrá que establecer mecanismos distintos, como una corte constitucional que se encargue de juzgar las transgresiones de jueces, magistrados y diputados para garantizar el fin del "yo te cuido y tú me cuidas" que hoy parece operar en perjuicio de la razón, el Derecho y la ciudadanía. Parece recomendable la norma constitucional que declara que no existirá la prescripción para delitos de peculado, o de malversación de fondos públicos por parte de funcionarios en el ejercicio de sus funciones, ni de cualquier delito que produzca una lesión al bien patrimonial nacional. Deberíamos tener Leyes elevadas a Título Constitucional que impidan la burla al derecho de los panameños.
En todo caso, esa es la consigna del honor, esa debe ser la consigna nacional: una nueva -y buena- Constitución, pensada para el país y para el bien común, y no para el sistema del aprovechamiento político de hoy, del que no hemos logrado salir.
Y a mis compatriotas les diría: es el momento de pensar de verdad en la importancia del voto. Si te vendes, te derrotan, vendes tu futuro y el de los tuyos, y el de nosotros.
Rubén Blades
2 de noviembre, 2017
