...y, ¿qué hacemos ahora?

Debido a la velocidad con que transcurren los sucesos políticos que sacuden a nuestro país, cualquier intento de análisis o comentario oportuno se hace extemporáneo casi inmediatamente. No obstante, considero necesario ofrecer una opinión sobre la actualidad nacional, de la que he estado y estoy siempre pendiente, y que me concierne como ciudadano panameño.
No acostumbro comentar acerca de asuntos sobre los cuales no poseo información confiable y suficiente. Sin embargo, nuestro Panamá atraviesa por una situación que resulta especial, por lo inédita en nuestra historia. La conducción, indagatoria, detención y llamado a juicio por supuesta participación en actos ilícitos, de personas con alto perfil público o social, figuras que antes se consideraban intocables, no tiene antecedentes en nuestro país. Esto, que inicialmente nos pareció una excepción, hoy es algo común. A primera vista, no existe espacio para criticar la actuación del Ministerio Público. La celeridad con la que se están procesando actualmente las denuncias, contrasta con la manera como en el pasado se manejaban estos asuntos.
El hecho de ser abogado, por estudio y formación, me excluye del grupo de ciudadanos que piensa que un acusado debe ser considerado culpable hasta que se pruebe su inocencia. Por lo tanto, presumo la inocencia de los acusados hasta que se compruebe su culpabilidad en un juicio. Pero debo manifestar que me desconcierta un tanto la tardanza en hacer cargos formales a las personas que ya han admitido su culpabilidad voluntariamente, o que han sido directa o indirectamente vinculadas a funcionarios o empresarios que han sido oficialmente imputados, o que simplemente, deben responder por la no diligencia en el ejercicio de sus funciones oficiales. Todo esto, en medio de lo que aparenta ser una realidad nacional que escandaliza: el cotidiano saqueo a las arcas del estado.
Tanto la Contralora como la Procuradora de la pasada administración, parecen no haber cumplido satisfactoriamente sus obligaciones de supervisión y protección de los intereses de la Nación, según se deduce del cúmulo de acusaciones en contra de una pluralidad de individuos que hoy sufren detenciones preventivas, Impedimentos de salida del país, o que han sido formalmente imputados. Pero ninguna de las dos funcionarias ha sido aún acusada formalmente. Otro caso, el del ex-alcalde Bosco Vallarino, quien aún no ha sido formalmente imputado a pesar de un video hecho público y de su pública admisión de haber aceptado coimas a cambio de favores políticos, ha generado comentarios que apuntan a asegurar que los casos que involucran a la membresía del partido político del actual presidente, van a ser tratados con especial lentitud. Esa opinión también es utilizada para argumentar una persecución política contra el partido CD, sus aliados y el ex-presidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli.
Pareciera que las acusaciones que se investigan son justificadas y que se poseen indicios suficientes para sustentarlas. Las admisiones de algunos de los implicados fueron las que impulsaron el proceso de indagatoria oficial y a su vez produjeron más conexiones a probables ilícitos y a nuevos posibles protagonistas de éstos. El carácter público de las pesquisas y la presentación diaria de las opiniones de los abogados, acusadores y/o acusados brindan un marco de transparencia que refuta la opinión de persecución política. Incluso algunas de las personas que resultaron implicadas, según las indagatorias, y que ahora hablan de persecución, abandonaron el país antes de que se les conectara con posibles ilícitos, o se les citará formalmente para responder sobre los hechos investigados. No parece probable que pretendan regresar voluntariamente para aclarar las cosas.
Otro de los componentes de la larga cadena de trampas descubierta, que merece una investigación prolija, es el sistema bancario nacional. Millones de dólares fueron depositados, repartidos, retirados e incluso sustraídos y reintegrados con otros fondos, como en el caso de Financial Pacific, sin que los encargados de la supervisión de tales actividades interviniesen con la suficiente energía para determinar la legalidad o no de las transacciones e impedir transgresiones fiscales. Resulta imposible de justificar la manera irresponsable como autoridades bancarias en Panamá se comportaron durante la pasada administración y más pasmoso aun es que no hayan explicado aún, públicamente, cómo y por que ocurrió. Me parece que deben hacerlo, sobre todo para refutar la opinión internacional que identifica a Panamá como un paraíso para el lavado de dinero. En el estado actual de cosas ¿que más puede derivarse de hechos en los que se han involucrado a instituciones financieras, empresas y empresarios, locales y foráneos? Puede uno imaginarse que no todos los bancos locales se prestaron para estas argucias, pero los que lo hicieron deben ser identificados y sancionados.
Otro componente primario de la corrupción son las empresas privadas. La firma Odebrecht, harto conocida en nuestro país por su conexión a megaproyectos, ha sido recientemente acusada de corrupción en Brasil y su presidente puesto a órdenes de las autoridades. Dentro del marco de investigación de la corrupción en Panamá, teniendo en cuenta la realidad de sobornos descubierta en Brasil, que parecen involucrar a Odebrecht, resultaría inaudito que no se investigara si en Panamá se hicieron pagos de sobornos para lograr que la compañía lograse ganar las licitaciones multimillonarias obtenidas en los últimos 10 años. El tema no es determinar si Odebrecht estaba o no capacitada para realizar los trabajos. El tema a tratar aquí es investigar si existieron o no las coimas, los sobre-costos fraudulentos y la ausencia de supervisión, todo dirigido a propiciar la apropiación indebida de fondos públicos.
Parte del problema actual es cómo determinar responsabilidades y culpas en un sistema administrativo diseñado y operado precisamente para encubrir o justificar la actividad corrupta, o inescrupulosa. Ese entorno de trampas no se originó con la criminal administración de algunos malos funcionarios del pasado gobierno, amparada desde los más altos niveles del poder político, judicial, económico y empresarial. Simplemente se continuaron ejerciendo actividades que constituyen la manera normal de "hacer negocio" en nuestro país. Ser intermediario pagado resulta una acto considerado normal dentro y fuera del gobierno y, de hecho, la razón por la cual muchos aceptan formar parte de la administración pública. Esta percepción de normalidad ayuda a entender por que razón algunos de los imputados consideran que devolver los millones que adquirieron de manera dudosa es suficiente para que se desvanezcan las responsabilidades civiles o penales de sus actos. En sus mentes, ellos no hicieron "nada malo". Simplemente aprovecharon sus conexiones políticas, o de negocios, para actuar como intermediarios, hacerse un "billete" por eso y seguir su camino, igual que lo hicieron otros desde quien sabe cuantas administraciones pasadas.
Repito, el problema es ¿cómo responsabilizar solo a unos pocos y desentenderse de los demás que hicieron, y quizás siguen haciendo, lo mismo? ¿Cómo castigar a todos los actores de las trampas sin a la vez reformar al sistema que permitió, alentó, protegió, alcahueteó y justificó sus acciones? ¿Cómo sustituir la trampa y su posibilidad sin destruirlo todo? ¿Cómo evitar examinar nuestra responsabilidad, la de la sociedad civil, por haber permitido la continuidad de estas prácticas, inapropiadas y/o deshonestas?
Las acciones emprendidas por el sistema judicial, bajo la presidencia de Varela, han puesto en marcha una dinámica que no va a poder ser detenida con discursos sino con hechos. Ahora existe el escenario y la oportunidad para producir un verdadero cambio. Después de la invasión del '89 existió una verdadera posibilidad para crear una nueva realidad política y fue desaprovechada. Lo que se hizo fue reconstruir el argumento oligárquico pre-68, hecho que propició el renacimiento y fortalecimiento de los politiqueros y atracadores de siempre. No se realizaron los cambios constitucionales que hubiesen ayudado a prevenir el tipo de escenarios que hoy lamentamos. No se eliminaron expresamente las costumbres y usos que permiten una elástica interpretación de la moral y el deber del servidor público, transformando lagunas legales en nebulosos océanos de impunidad para el movimiento de la corrupción.
Las intenciones de volver al pasado se evidenciaron rápidamente. En el gobierno de Endara, la pugna por el poder destruyó la alianza triunfadora y se encargó de ubicar las cosas, e intereses, en su lugar. La caída de la Democracia Cristiana, uno de los dos únicos partidos nacionales con una real ideología (el otro era el Partido del Pueblo), fue el clarín anunciando el fin de la ilusión de cambio y presagiando el colapso de la supuesta razón esgrimida, el bienestar de la Nación, con el que se pretendió y aun se pretende justificar la horrorosa invasión del '89.
Hoy nuestro Panamá ve expuesta, en toda su repugnante y hedionda naturaleza, la realidad del sistema que nos ha gobernado y representado como sociedad por décadas, ese que supuestamente había quedado saneado con la eliminación de la dictadura militar. El pasado gobierno democrático puso toda su energía en organizar una estructura paralela, capaz de extraer de las arcas públicas todo lo que pudiese, con o sin escrúpulos, aparentemente con el único propósito de transformar a un millonario, en billonario. Eso, a costa del esfuerzo de todos los contribuyentes y del desamparo de los más necesitados. Crimen de lesa humanidad, porque a causa de ello los enfermos no fueron atendidos, la juventud no fue educada, el hambriento no fue alimentado, el desarrollo humano se detuvo. Las obras ejecutadas, algunas excelentes como el Metro, fueron conscientemente utilizadas tal vez para obtener probables ganancias ilícitas y para crear simpatías populares con las cuales distraer la atención del pueblo y evitar las preguntas que ahora nos hacemos todos los ciudadanos honestos.
Pero no pensemos que esas acciones constituyen una anormalidad. La corrupción ha estado en la humanidad desde tiempos inmemoriales. Por eso hay que combatirla como se combate la gangrena, amputando la parte podrida. Como dijo Garabet en "América, América", existe demasiada basura para una escoba. Para empezar, debemos destruir el podrido sistema que hoy la apoya y que la estimula.
La pregunta es ¿cómo destruir al sistema corrupto que nos sostiene, sin que el país entero se nos caiga encima?, y, ¿qué hacemos ahora?

Rubén Blades
Vancouver, Canadá
20 de Junio, 2015

Rubén Blades
Vancouver,​ Canadá 
20 de Junio, 2015